Reingeniería de contraloría y lucha anticorrupción

EL COMERCIO. 04 de Enero del 2009.-EDITORIAL
Reingeniería de contraloría y lucha anticorrupción
Luego de siete meses de asumir el cargo, el contralor general de la República, Fuad Khoury, anunció el inicio de una profunda reestructuración del organismo con tres urgentes propósitos: fortalecer su autonomía, modernizar sus procedimientos y emprender una lucha firme contra la corrupción en el país.
Nada más urgente y necesario, dada la prioridad de la lucha contra la corrupción, que amenaza no solo la posibilidad de un desarrollo económico sostenido, ordenado y justo, sino también la misma entraña moral de la nación.
La luz roja sigue encendida. Y así lo entiende la mayoría de peruanos que, en reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, creen que la corrupción es un grave problema cotidiano (90%) y que las acciones contra esta lacra son poco o nada eficientes (80%).
No se puede tapar el sol con un dedo. El fracaso de los “zares” y de las iniciativas anticorrupción ha sido estridente y no debe repetirse. Ahora, fue una buena señal, a la espera de resultados, que la Presidencia del Consejo de Ministros haya convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, aunque hasta el momento no se ha informado el alcance de esta comisión de alto nivel. Un aspecto crucial aquí es retomar el programa de transparencia en los portales web de todos los organismos estatales, así como unificar y afiatar el sistema de compras estatales, para conseguir mejor calidad y precio sin maniobras oscuras de por medio.
Sin embargo, la tarea mayor, de momento, sigue correspondiendo a la misma Contraloría General de la República (CGR), que debe velar por el buen uso de los recursos públicos, sobre todo en los procesos de licitación que han aumentado considerablemente dentro del plan de estímulo económico.
Dentro de la anunciada reingeniería de la CGR, no debe soslayarse el hecho preocupante de que el 70% de sus esfuerzos se oriente a resolver los encargos legales, mandatos o denuncias que se realizan a través de diferentes entidades del Estado. Peor aun, en el país existen 4.042 entidades del Estado, pero solo 184 cuentan con un órgano de control institucional (OCI) que depende directamente de la contraloría.
Es decir, no solo hay dispersión de esfuerzos, sino también falta presencia del organismo contralor, ante esta preocupante realidad. Visto el problema en números, hay un 40% del presupuesto, casi 40 mil millones de soles, que no está bajo la supervisión directa de la contraloría.
Todo esto hace perder la perspectiva amplia para articular integralmente un sistema de control permanente y eficiente. Asimismo, debe enfatizarse el enfoque preventivo, que no puede ser descuidado, todo lo cual es afectado por la carencia de presupuesto y personal especializado.
A propósito de esto último, relacionado con la autonomía institucional, sería importante que el contralor informe sobre la convocatoria de nuevos asesores, en vista del confuso incidente que empañó su gestión al inicio, cuando se produjo la renuncia y separación de varios técnicos.
Como señalan los especialistas, urge cambiar los esquemas de gestión dentro del órgano de control. Así como hay que reafirmar la autonomía de la CGR y evitar cualquier interferencia política o de intereses particulares, la reestructuración debe incluir la implementación de mecanismos de coordinación y control con los gobiernos regionales, con herramientas nuevas como el control de gestión por objetivos. Nadie puede ser ajeno a esta cruzada nacional contra la corrupción.